Julio María Sanguinetti | Ex Presidente de la República
Hace 36 años, en un febrero como éste, nuestra vida institucional quebró el viejo tópico de que en verano no pasa nada. A la inversa, como un vendaval, el Uruguay vivió el comienzo dramático del eclipse final de su democracia. Por cierto, la situación de deterioro venía de atrás, pero entre el 8 y 10 de febrero de 1973 la irrupción militar subordinó el poder constituido, hasta que el 27 de junio, con el cierre del Parlamento, se produzca la culminación de ese golpe de Estado ya configurado.
Los episodios de entonces se precipitaron a raíz de una carta del Dr. Amílcar Vasconcellos en que denunciaba que el país estaba entrando nuevamente en otro período militarista y que los mandos militares actuaban con el evidente propósito de asumir el gobierno. Los militares quisieron contestar ellos, el Presidente Bordaberry se sintió obligado a hacerlo personalmente y calificó de "desvarío" la posibilidad de un golpe. Pero los mandos del ejército seguían agraviados por los calificativos de Vasconcellos y luego de tensas reuniones hacen pública una respuesta durísima en que, si bien niegan una intentona golpista, anuncian que no se callarán sobre la situación política.
El Ministro Dr. Malet renuncia a su vez y el Presidente, notoriamente desautorizado, juega su última carta: la designación del General Antonio Francese, quien ya había sido Ministro de Defensa e Interior y gozaba de sólido respeto profesional y cívico. Se produce entonces la sublevación. En la mañana del 8 de febrero se acuartelan el Ejército y la Fuerza Aérea, mientras la Armada, comandada por el Contralmirante Juan José Zorrilla se declara institucionalista. El ejército corta el tránsito en varias rutas y copa la televisión oficial. La Armada, en la madrugada, bloquea la Ciudad Vieja con barricadas. El país despierta ese 9 de febrero, un viernes, con un enfrentamiento militar y unos comunicados militares que definen ya la doctrina que están dispuestos a llevar adelante.
El Presidente Bordaberry convoca al pueblo en defensa de las instituciones, sin mayor eco. Los partidos tradicionales rechazan la irrupción militar. La CNT, en cambio, parlamenta con los militares, considera a los comunicados una base importante de conversación y -notoriamente- especula con un gobierno "a la peruana", como se decía entonces en alusión al régimen del General Velasco Alvarado, una dictadura militar nacionalista e izquierdizante.
La Armada le ofrece al Presidente la Ciudad Vieja como lugar seguro para parlamentar desde una posición de fuerza. Por el contrario, él resuelve negociar y le pide a la Armada que deponga su levantada actitud. Entonces, ya no tiene objeto su resistencia y Zorrilla levanta el bloqueo, renunciando. El lunes 12, al mediodía el Presidente se dirige a Boisso Lanza, al Comando de la Fuerza Aérea, y allí pacta con los mandos militares que aceptará su presencia en las decisiones gubernamentales, creándose un Consejo de Seguridad Nacional como marco de esa nueva estructura de poder.
A partir de entonces se vivirá una situación muy precaria, que culminará cuatro meses después con el cierre del Parlamento por el Ejército y el inicio de una amarga dictadura.
El episodio de febrero fue más o menos el que sucintamente relatamos, pero él es simplemente la culminación de un largo proceso de resquebrajamiento institucional iniciado por una movimiento guerrillero que pretendió derrocar la democracia "burguesa" y sus "libertades formales" para instaurar un régimen a la cubana. Fueron años de permanente desorden, en que el secuestro, el asalto, el asesinato, arrastraron al país a una guerra interna, que libró el Estado con la policía hasta que en septiembre de 1971, a dos meses de la elección, la fuga del Penal de Punta Carretas de todo el movimiento tupamaro, llevó al gobierno -en medio de un país paralizado por el temor- a darle entrada a las Fuerzas Armadas en ese combate. Esa postergación de su presencia, justamente, le fue reprochada al General Francese en los días de febrero que evocamos y se explicaba precisamente por su preocupación de no involucrar a los militares en una confrontación política.
Los partidos de izquierda de la época, socialismo, comunismo, democracia-cristiana, todos, elogiaron los comunicados militares. Insistieron en que podía ser la base de un nuevo gobierno en que estarían dispuestos a colaborar. Insistían en la tesis, ya acuñada tiempo atrás, de que el dilema no era entre democracia y golpe de Estado sino entre "pueblo y oligarquía"; y que con "la unión de los orientales civiles y militares" podía abrirse un nuevo camino. Aparte de los partidos tradicionales, la única voz, solitaria en defensa de la democracia, fue la del Dr. Carlos Quijano desde Marcha. ¿Por qué no se incorporaron definitivamente a la dictadura? Porque en el Ejército no predominó el grupo llamado peruanista sino el ríspidamente anticomunista, que cerró todo ese entendimiento que se venía gestando. Hoy parece hasta un chiste que la llamada izquierda creyera entonces en que el General Álvarez fuera el líder de un gobierno "progresista". Pero así fueron los hechos.
Hoy, a la distancia, cabe rescatar la figura del Contralmirante Zorrilla y los marinos que le acompañaron; de las fuerzas políticas tradicionales que aún no apoyando al gobierno valoraban el sistema por encima de las diferencias políticas y subrayar el error trágico de quienes despreciaban por entonces las garantías "formales" de la democracia que sólo reconocerían cuando ellas se perdieron, bajo la dictadura.
Paradójicamente, quienes hoy más invocan los Derechos Humanos fueron quienes más los despreciaban en aquellos años en que la democracia estaba en riesgo y estaban dispuestos a entregarla detrás de un errático sueño revolucionario.
El País Digital
